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Programa Nacional de Lucha contra la Contaminación del Medio Ambiente

La protección del medio ambiente tiene rango constitucional en Cuba. El artículo 27 de la Constitución de la República establece: “El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política”.

En los años transcurridos desde el triunfo de la Revolución nuestro país ha tenido importantes avances y logros en la esfera ambiental. En particular la Cumbre de Río marcó un importante hito en el quehacer ambiental del país, pues además de inducir a la inclusión del concepto de desarrollo sostenible en el mencionado artículo 27 de la Constitución, conllevó a la elaboración del Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo en 1993, que sin lugar a dudas, constituyó el antecedente de otros hechos y momentos relevantes.

Entre estos últimos destacan la creación en 1994 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) como rector en la esfera ambiental, la adopción en 1997 de la Estrategia Ambiental Nacional como documento directriz de la política ambiental cubana y la aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Ley 81 “Del Medio Ambiente”, que establece, entre otros aspectos, el deber del Estado, los ciudadanos y la sociedad en general de proteger el medio ambiente mediante su conservación y uso racional, la lucha sistemática contra las causas que originan su deterioro, la prevención de los impactos ambientales negativos y la reducción y eliminación de las modalidades de producción y consumo ambientalmente insostenibles.

Sin embargo, estos avances y logros no nos han eximido de errores y deficiencias asociadas a factores tales como la insuficiente conciencia y conocimiento de la problemática ambiental, la insuficiente incorporación de esta dimensión en las políticas, planes y programas de desarrollo y el déficit de recursos materiales y financieros para garantizar un nivel cualitativamente superior en la gestión ambiental nacional. De ahí que la degradación de los suelos, el deterioro del saneamiento y de las condiciones ambientales en los asentamientos humanos y la contaminación de las aguas terrestres y marinas fueran identificados en la Estrategia Ambiental Nacional de 1997 (EAN/97) entre los cinco problemas ambientales principales del país.

Para combatir los problemas asociados a la contaminación ambiental se plantearon en aquel entonces una serie de directrices y acciones que incluían la necesidad de inversiones en acueductos, alcantarillados, sistemas de tratamiento y disposición de residuales; la mejora de la recolección y disposición de residuos sólidos; el aprovechamiento económico de residuales; la autorregulación y la toma de medidas para minimizar, monitorear y controlar los efectos ambientales de las principales industrias del país.

La EAN/97 constituyó la premisa y fundamento para el desarrollo de las Estrategias Ambientales Territoriales y Sectoriales con que cuentan en la actualidad los sectores de la producción y los servicios de mayor impacto ambiental. Diez años después de su aprobación y aplicación con resultados positivos, sus expectativas y marco estratégico fueron rebasados, resultando necesario un proceso de adecuación y actualización que garantice una respuesta efectiva a las actuales exigencias de la política ambiental nacional e internacional.

En este nuevo marco estratégico (Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010), la contaminación ha sido nuevamente identificada como problema ambiental prioritario, ocasionado por el deficiente manejo de residuales líquidos, sólidos y emisiones a la atmósfera; la insuficiente aplicación de enfoques preventivos; la falta de conciencia ambiental de muchos de los actores involucrados en la gestión ambiental a los diferentes niveles; las debilidades en la aplicación de las regulaciones técnicas y jurídicas vigentes y la carencia de recursos materiales y financieros para acometer las inversiones requeridas y sustituir tecnologías obsoletas.

Lo expuesto anteriormente demuestra la necesidad de cambiar el enfoque de enfrentamiento a la problemática de la contaminación ambiental y trabajar de forma concertada para alcanzar avances significativos en su gestión por parte de todos los actores involucrados. La presente campaña “La tierra, el hogar de todos” está orientada a dar respuesta a estas necesidades en el ambiente que nos rodea, pero debe tenerse en cuenta que su formulación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta estratégica útil, una plataforma de trabajo que puede ayudar al Sistema de Medio Ambiente del país a potenciar las posibilidades de los instrumentos de gestión ambiental en vigor y a establecer prioridades progresivamente durante el presente ciclo estratégico.

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